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Segunda Caminata Urbana Jane´s Walk Guayaquil
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Todos formamos parte de la ciudad y la construimos día a día al caminar por la calles, en un centro comercial, parque o malecón, también al conducir o ir en bus o taxi por las avenidas.
 
Guadalupe Granero
Miembro de s u r b a n i s t a s [surbanistas.org | facebook.com/surbanistas]. Arquitecta y maestranda de la carrera de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Derecho Urbanístico e informalidad - Algunas notas sobre el caso argentino - PRIMERA PARTE
2014-02-03 17:02:01


El Derecho Urbanístico en la Argentina


Dentro del sistema legal de la República Argentina, el Derecho Urbanístico (DU) está configurado como una rama del Derecho Administrativo, a diferencia de otros países que, como Brasil, lo han constituido autónomamente. Esta dependencia determina que las problemáticas relacionadas con la organización del territorio, la regulación de los procesos de urbanización y las tensiones entre el derecho de propiedad de los individuos y la función social de la propiedad como derecho colectivo aun no hayan sido materializadas en un cuerpo jurídico específico para regular el crecimiento de las ciudades y promover un desarrollo territorial equitativo. Al respecto de esto, Juan Carlos Cassagne explica en Principios de la legislación urbanística que aunque el DU constituya una parte del Derecho Administrativo “el estudio, enfoque y solución de la problemática jurídica no puede desprenderse de su vinculación con otras disciplinas como la sociología, economía, salud pública, arquitectura, etc.” (Cassagne,1986) La multidimensionalidad de las problemáticas urbanísticas obliga, crecientemente, a ampliar los principios específicos del DU en la Argentina desde estas miradas que, viniendo desde otros campos del conocimiento, reclaman ser incorporadas dentro del sistema legal urbano, específicamente en las últimas décadas donde el crecimiento de la urbanización y la expansión de los grandes núcleos urbanos bajo un patrón de informalidad han colocado en agenda política la necesidad de reformas urbanas profundas.


Al ser el DU parte del Derecho Administrativo, muchos de los principios que le dan cuerpo son principios propios de esta rama de la jurisprudencia, mientras que otros son principios generales del derecho, como el de igualdad, que permiten regular los procesos urbanos y los derechos ciudadanos.


Adriana Taller y Analía Antik desarrollan en El Derecho Urbanístico como instrumento de inclusión social los principios del Derecho Administrativo que son aplicables al DU. En primer lugar, el principio de legalidad, que es el que obliga a toda la actividad administrativa a estar sustentada en normas jurídicas y que establece que la Constitución Nacional constituye la máxima jerarquía; luego, el principio de razonabilidad, que dispone que los derechos de los particulares no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, lo cual define para él área del DU que las restricciones del derecho de propiedad no sean excesivas respecto a las obligaciones para con el bien común; el principio de igualdad, que determina que la normativa urbanística sea uniforme y que las restricciones al dominio se apliquen de la misma manera para todos los propietarios de tierra urbana; el principio de ejecutoriedad, que permite que la Administración Pública aplique por sus propios medios sanciones cuando las regulaciones urbanísticas son incumplidas; el principio de no indemnizabilidad, basado en que las restricciones al dominio que impone la legislación urbanística no implican una carga, sacrificio o perjuicio especial que merezca ser indemnizado (a excepción de que se ocasione un daño a la propiedad) sino que son las condiciones legales del ejercicio normal u ordinario del derecho de propiedad; finalmente, el principio de publicidad, que prescribe que es necesario publicar cualquier norma jurídica para que adquiera eficacia y obligatoriedad y, consecuentemente, pueda exigírseles su cumplimiento a los ciudadanos.


Estos principios propios del Derecho Administrativo, además, se complementan con aquellos específicos del derecho urbano, dentro de los cuales encontramos: el principio de remisión e integración, que determina la sujeción de sus normativas a aquellas de orden superior, provinciales o nacionales, fijando el límite de las competencias municipales; el principio de delimitación de competencia, que otorga atribuciones específicas a los municipios, como por ejemplo la formulación de códigos de urbanismo y edificación; el principio de compatibilidad, que implica la inserción adecuada, coordinada e integrada de los planes urbanísticos dentro de una jurisdicción territorial de manera de tener una visión regional; el principio de perdurabilidad, que garantice la continuidad de la normativa de forma tal que permita no sólo a las autoridades sino a los propietarios de suelo inmobiliario planificar el destino de sus terrenos; el principio de edificabilidad, que establece que el destino de los inmuebles urbanos es para edificar. (Taller y Antik, 2010)


Uno de los objetivos centrales del DU es la formulación de planes que delimiten los derechos de propiedad de los individuos y los articulen con el interés social y la promoción del bienestar común; a estos fines los distintos niveles administrativos –nacional, provincial, municipal- son ordenados según funciones y responsabilidades en las acciones territoriales, organizando las diversas escalas de gestión dentro del sistema territorial en un marco jurídico-legal articulado. Respecto a las facultades de los respectivos niveles administrativos en el ejercicio del DU, Adriana Taller expone en El derecho urbano debe afianzar el ejercicio del derecho a la ciudad la existencia de tres tipos: por un lado, aquellas concurrentes de la Nación y de las Provincias en relación a la cláusula de progreso (como, por ejemplo, el poblamiento del territorio); por el otro, aquellas referentes a la protección ambiental, respecto a las cuales las provincias establecen normas y objetivos de acuerdo a los presupuestos mínimos determinados por el Congreso Nacional; finalmente están aquellas exclusivas de las provincias, como la determinación del régimen del uso del suelo, códigos de edificación, el ejercicio del poder de policía. (Taller, 2011). En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (administrativamente presenta un régimen análogo al de una provincia) esta articulación normativa es reconocible en la formulación de la ley 2930 de 2008 que constituye el Plan Urbano Ambiental, que en su primer artículo se declara como “ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas”, mientras que las disposiciones del Código de la Edificación, del Código de Habilitaciones y Verificaciones y de cualquier otro Código Urbano están subordinadas al Código de Planeamiento Urbano. A pesar de que en Argentina el DU está formulado como normativa específica en el nivel provincial, los códigos urbanísticos como el PUA de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran sujetos a las disposiciones legales de mayor jerarquía, constituidas por las leyes nacionales en el nivel superior, y por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales en la cúspide


La cuestión de las competencias en un país federal, como el caso de Argentina, es central en tanto el planeamiento implica necesariamente concertar todas estas facultades para garantizar el desarrollo del territorio como una totalidad a partir de las dinámicas propias de cada provincia; es evidente que la regulación de la planificación urbana y la edificación cuya potestad tiene cada provincia deben estar en armonía con un proyecto de escala nacional que promueva un crecimiento equilibrado y atento a las necesidades de toda la población que compone el ámbito nacional.


La formulación de un marco jurídico-administrativo para abordar el desarrollo del territorio desde una perspectiva que garantice un despliegue socioeconómico igualitario, con herramientas de gestión democráticas y promoviendo el bien común, a partir de entender el fenómeno de urbanización como un proceso social donde los costos y beneficios deben ser asumidos equitativamente, atendiendo a las condiciones de los grupos más vulnerables, es la esencia del Derecho Urbanístico. Para realizar su finalidad, el DU opera sobre una serie elementos que son sus objetos de regulación: por un lado, el ordenamiento territorial, de manera tal de garantizar la ocupación racional del territorio, determinando qué usos del suelo están permitidos, promoviendo el desarrollo socioeconómico regional equilibrado, distribuyendo equitativamente las cargas y beneficios de la urbanización; el uso del suelo, determinando la tipologías aceptadas para cada área; la ciudad como proyecto con dimensiones más allá de lo jurídico (políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales); las relaciones entre el propietario inmobiliario y la autoridad administrativa (que pueden ser reglamentarias, o sea, emanadas de la legislación, o  contractuales, surgidas de convenios urbanísticos (Taller, 2011).



           
                 
 
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