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Segunda Caminata Urbana Jane´s Walk Guayaquil
Por segundo año consecutivo se realizará en la ciudad de Guayaquil la Caminata Urbana inspirada en el legado de Janes Jacobs, denominada "
Todos formamos parte de la ciudad y la construimos día a día al caminar por la calles, en un centro comercial, parque o malecón, también al conducir o ir en bus o taxi por las avenidas.
 
Guadalupe Granero
Miembro de s u r b a n i s t a s [surbanistas.org | facebook.com/surbanistas]. Arquitecta y maestranda de la carrera de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Derecho Urbanístico e informalidad - Algunas notas sobre el caso argentino - SEGUNDA PARTE
2014-02-10 09:02:36


El Derecho a la Propiedad Argentina


La República Argentina consagra desde su origen el derecho a la propiedad privada en el artículo 17 de la Constitución Nacional; a diferencia de otros países donde la legislación incorpora principios colectivos como la función social de la propiedad, el derecho argentino define constitucionalmente que todos sus habitantes tienen derecho a usar y disponer de su propiedad y que ésta es inviolable, sin explicitar si hay obligaciones hacia el bienestar común que emanen del ejercicio de tal derecho. Sólo brevemente y casi un siglo después de la sanción de la primera constitución de 1853, la Reforma Constitucional de 1949 introdujo una serie de derechos sociales donde se incluía el fin social de la propiedad privada, pero en 1957 el gobierno militar de General Aramburu convalidó la derogación -que ya había sido proclamada un año antes- de esas reformas.

En el sistema legislativo argentino actual hay una serie de pactos internacionales que han sido ratificados por el país y tienen rango constitucional, es decir, su aplicación y cumplimiento están en el mismo orden jerárquico que la Constitución Nacional. Entre ellos, hay algunos que abordan derechos colectivos que, al poner límites al ejercicio individual de la propiedad privada, suponen ciertas contradicciones con los principios consagrados en la Constitución Nacional Argentina y reglamentados en sus Códigos. La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos (1948) no habla de función social de la propiedad pero incorpora en su artículo 29 la noción de deberes respecto a la comunidad, así como la sujeción de los individuos al bienestar general en una sociedad democrática. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) consagra el derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia. Por otro lado, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) reconoce el derecho de toda persona a usar y gozar de sus bienes pero establece que la ley puede subordinar el derecho a la propiedad privada al interés social. Es decir, esta serie de tratados internacionales promueven una concepción más social del derecho, donde el ejercicio individual supone como contraparte obligaciones para el bienestar de la sociedad como un todo, pero sin impugnar los principios liberales sostenidos en la legislación argentina.

En tanto el derecho de propiedad se constituye constitucionalmente y se goza conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, es en el Código Civil Argentino donde se establecen  las condiciones de dominio (artículos 2506 a 2570), o sea, el derecho real según el cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona. Aquí se establece, primeramente, que el dominio es perpetuo y subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él; es decir, quien es propietario no deja de serlo nunca aunque no ejerza actos de propiedad o, incluso, aunque alguien los ejerza contra ella. Al respecto establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, lo cual implica proceder previamente con la desposesión y una justa indemnización (que incluye no sólo el valor real de la cosa sino los perjuicios ocasionados por la privación de su propiedad) al propietario afectado. Este mismo código instituye que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad -incluyendo todos los objetos que se encuentran bajo el suelo- y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares. Por ende, el propietario es dueño exclusivo del espacio aéreo y puede extender en él sus construcciones “aunque quiten al vecino la luz, las vistas u otras ventajas”; si el vecino construyese alguna cosa que avance sobre este espacio aéreo, el propietario puede exigir su demolición. La propiedad del terreno también incluye las construcciones existentes en su interior, a menos que se demuestre lo contrario. Sin embargo, el que alguien se declare propietario de las obras sobre o bajo un terreno no presupone la propiedad del mismo. En el caso de que las construcciones fueran hechas de buena fe con materiales propios en terreno ajeno, el dueño del terreno tiene el derecho de apropiárselas, indemnizando quien las edificó, pero si fuera hecho de mala fe puede pedir la demolición y la reposición de las cosas a su estado primitivo, a costa del edificante.

Una mención fundamental para contextualizar los conflictos de acceso al suelo urbano es que, respecto a la formas de configurar el dominio, el Código Civil determina que las cosas inmuebles no son susceptibles de apropiación; en la medida en que el derecho de propiedad es perpetuo, aun cuando no se lo ejerza, la única forma de traspasar el dominio es mediante un proceso administrativo donde se expresa la voluntad del propietario de ceder sus derechos a otro.

Entre las múltiples formas de crecimiento no planificado de las ciudades latinoamericanas, las ocupaciones de terrenos en Argentina ganan visibilidad mediática y dividen a la opinión pública entre quienes sostienen la ilegalidad de establecerse en una propiedad ajena y aquellos que reconocen la legitimidad de tales acciones en función de garantizar, de hecho, el derecho a la vivienda que los Estados no cumplen. Más allá de las consideraciones subjetivas, en el caso de Argentina la ocupación de tierras constituye un delito contra el dominio; está regulada no sólo civilmente sino que existe legislación penal que respalda los derechos de los propietarios y fija penas de seis meses a tres años de prisión por el delito de usurpación, que es la figura utilizada para penalizar las tomas de terrenos.

Las tensiones sociales que emergen ante la conformación de asentamientos informales, ponen de manifiesto que el marco jurídico del país no sólo se ha constituido como la normativa para regular las cuestiones de dominio y resolver los conflictos de ello emanados, sino que ha configurado (y continúa haciéndolo) patrones socioculturales que legitiman ese mismo orden legal y reproducen las condiciones urbanas que dan origen a la informalidad desde una lógica jurídica liberal, donde los derechos individuales son antepuestos a las obligaciones sociales que esos mismo derechos engendran.

La informalidad es un fenómeno complejo y multidimensional, cuya dinámica intrínseca obliga a repensar constantemente no sólo las causas que la provocan o las características que la definen sino las normativas que determinan sus numerosas ilegalidades, tanto para perfeccionar las herramientas jurídicas de acuerdo a un modelo que garantice mayor justicia social como para reformular aquellas que, inevitablemente, reproducen las condiciones de la informalidad. Es preciso comprender en qué medida la ley promueve el crecimiento informal de la ciudad. Al respecto, es fundamental analizar las distancias entre el modelo de ciudad que se desprende de la legislación argentina, la ciudad legal, y la materialización cotidiana, la ciudad real, que se consolida conflictivamente, en un territorio disputado por múltiples intereses y apropiado según distintas lógicas. En este sentido es de cabal importancia estudiar las tensiones entre el derecho a la propiedad garantizado constitucionalmente y formas de apropiación de la ciudad que lo interpelan y reivindican formas colectivas del derecho, como la que surgen de la función social de la ciudad y de la propiedad.



           
                 
 
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